Mientras preparaba una clase busqué una entrevista que dio Andrés Oppenheimer, reconocido periodista argentino avecindado en Estados Unidos, al diario “El Tiempo”, de Colombia. Una de sus respuestas ilustra en forma notable el lugar donde está la riqueza en una economía moderna y, en consecuencia, donde nuestros países debieran poner sus fichas o, siendo pesimistas, donde debieron haberlas puesto, en lugar de seguir debatiendo temas decimonónicos mientras otros galopan a paso firme. Oppenheimer señaló: “[…] De una taza que tomas en un Starbucks en Estados Unidos, el 97% de los tres dólares que pagas por ella va a todo lo que tiene que ver con la economía del conocimiento: el que hizo la ingeniería genética del café, la distribución, el marketing, el branding, la publicidad. Solo el 3% va al productor de café.
El paupérrimo 3% resultó chocante. Si hubiera sido 30% es posible imaginar que los cafeteros habrían podido, sin cuestionamientos, seguir produciendo café y, en Chile, podríamos haber seguido produciendo cátodos de cobre, litio “a granel”, manzanas o uva de mesa, chips de madera o peonías de tipo genérico o de variedades que pertenecen a terceros y para las cuales nuestros productores pagan royalties periódicos a sus dueños.
En ese contexto, Chile sigue siendo la eterna promesa de ser una potencia alimentaria, en un mundo golpeado por el cambio climático y enfrentado a la necesidad de alimentar a una población creciente de manera exponencial.
Sin embargo, al revisar los registros del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ente público encargado por ley (Ley 19.342, de Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales) de otorgar derechos para los obtentores que logren y obtengan nuevas variedades vegetales, llama la atención las pocas solicitudes presentadas cada año y, más aún, el porcentaje ínfimo de variedades totalmente chilenas. Hay unas pocas para vides, limoneros, maquis, paltos, nectarinos y arándanos. Respecto de las flores, una variedad de crisantemo y una que otra variedad forestal y otra de grano.
En paralelo, al revisar los registros de exportación de productos agrícolas desde Chile hacia el mundo, un número enorme de estos simplemente no están protegidos por un derecho de obtentor de variedad vegetal y son, por ende, lo que conocemos como un “commodity”. A veces porque se trata de productos tradicionales muy conocidos y comerciados, y otras, porque los derechos del obtentor ya venció.
Respecto de los productos exportados que cuentan con protección de variedad vegetal, tanto en el país de origen de la variedad como en Chile (país productor) y en los mercados de destino de nuestra exportaciones, como es el caso de algunas variedades de cerezas, uva, manzanas, tulipanes, entre otras, el productor habrá pagado antes siquiera de embarcar su producto, un royalty al dueño de esa variedad, que en la gran mayoría de los casos tiene domicilio a miles de kilómetros de Chile, por ejemplo, en Holanda, California, Suiza, Japón o Alemania.
No se trata de poner en dudas esos derechos bien habidos ni menos el esfuerzo de los creadores extranjeros de esas variedades vegetales, pero qué ganas de ver a Chile más seguido en la lista de los dueños de las variedades vegetales y correr a la par.
Y es que el dueño de una variedad vegetal tiene derecho a administrarla como le plazca. Así, podrá determinar libremente a quién venderle una licencia, generando de paso ingresos notables por concepto de royalties por las licencias pactadas. Asimismo, podrá decidir si entrega licencias a territorios que podrían competir en calidad de suelo, clima y temporada, con las tierras que cultiva el mismo como dueño de la nueva variedad vegetal y sus cercanos, socios, contrapartes en las licencias celebradas, convirtiendo a la licencia, además, en un elemento estratégico y geopolítico poderoso.
En tanto, la práctica muestra que, a pesar de la bilateralidad de los contratos de licencia, muchos se negocian año a año, aun cuando quien plante una variedad protegida de manzanos ha invertido no en un contrato anual, sino que en uno de al menos 15 años, tiempo probable durante el cual cada uno de sus árboles dará plena producción, situación que además lo deja con poca libertad a la hora de negociar una propuesta de modificación o actualización de condiciones para el nuevo año. Si a lo anterior se suma que muchas de estas negociaciones ocurren a meses de la cosecha, la libertad del licenciatario se reduce tristemente y la fuerza del licenciante y dueño de la variedad es casi total.
Así, todo parece indicar que para que Chile sea una potencia alimentaria será necesario completar el trabajo emprendido en los últimos casi 40 años en materia agrícola con una búsqueda incansable de nuevas variedades vegetales, con el fin de protegerlas, a nivel nacional, mediante el procedimiento establecido en la Ley 19.342 y, en el extranjero, usando leyes similares, asegurándose el derecho a producir y el derecho a determinar quién podrá producir y en qué condiciones.
Sabemos que los principios generales que rigen el sistema mundial de derechos de obtentores de variedades vegetales, recogidos por nuestra Ley 19.342, permiten a los solicitantes presentar y tramitar una nueva solicitud y, una vez otorgado el derecho, gozar de un verdadero monopolio legal temporal (por largo tiempo) sobre los derechos exclusivos y excluyentes de su nueva variedad, derechos muy parecidos a los que goza un inventor o dueño de una patente de invención.
Si la aludida Ley 19.342 le otorga al creador de una nueva variedad vegetal un derecho exclusivo y excluyente para usar, gozar y disponer de la misma en la forma más amplia, como es el derecho del dueño de una bicicleta, ¿qué le falta a la industria nacional para completar la ecuación “producción (de excelencia) + exportación (a todos los rincones del mundo) + inversiones en países vecinos + administración de licencias internacionales para el uso de variedades vegetales extranjeras en Chile”? Los números del registro del SAG indican que es necesario agregar a la ecuación el factor “creación de nuevas variedades vegetales y obtención de derechos sobre las mismas”.
Para ello se requerirá del esfuerzo mancomunado de agricultores, químicos y bioquímicos, agrónomos, universidades, agrupaciones de productores y exportadores, pero también del apoyo del Estado a través de programas contundentes de difusión y capacitación de los mecanismos existentes y, evidentemente, con la incorporación a la legislación tributaria de elementos que permitan descontar impuestos y diferir su pago en el tiempo, sujetando parte de los mismos al cumplimiento del desarrollo de la variedad y la puesta en marcha de un programa de licencias de la variedad vegetal nueva y protegida.